Ley 6132: Recurrencia del Subdesarrollo

La recurrencia en el tratamiento de temas fundamentales concernientes al desarrollo social, económico y político de nuestra nación, que deberían haber sido superados en el transcurso de las últimas décadas, parece ser el sino que marca nuestro singular derrotero como sociedad en permanente subdesarrollo.

En la presente semana se vuelve a colocar sobre el tapete de la opinión pública, la famosa ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, conscientes de que las exigencias mediáticas del Siglo XXI, la han convertido en un obsoleto e impracticable instrumento para su control.

La preocupación sobre este particular atañe a las sociedades del tercer mundo, referido al uso de los medios, tanto los tradicionales, prensa, radio y televisión, como los de nueva generación, la Internet y sus múltiples variantes en las redes sociales de facebook, twitter, youtube, linkedIn, etc.

Hace algunos años el tema fue tratado cuando un grupo de especialistas colocó en manos del Presidente de la República Leonel Fernández, una propuesta de Código de la Comunicación con cinco anteproyectos de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación que por encargo del Jefe del Estado preparó una comisión de alto nivel creada con este propósito mediante decreto del Poder Ejecutivo.

El código de referencia estuvo precedido por los anteproyectos Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación y Ley General de Espectáculos Públicos, dos de las cinco propuestas entregadas al Poder Ejecutivo por la Comisión Especial para reformular la ley 6132, creada mediante el decreto 04-07.

Ahora, como si estuviéramos arrancando de cero, el apreciado amigo Nelson Guillen, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, anuncia la presentación del catedrático español y experto en legislación de prensa Johan Barata quien ofrecerá su opinión a los miembros de la Cámara.

Nuestra esperanza es que esta nueva recurrencia en el tema no desestime los múltiples esfuerzos llevados a cabo previamente y que lo que se apruebe finalmente se haga sobre la base de lo propuesto y acordado al más alto nivel del gobierno dominicano y los representantes del sector privado de la comunicación.

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